Planeación Programático-Presupuestal
Principales hallazgos de la dimensión:
Para las treinta y dos entidades fue posible identificar dentro de sus Planes Estatales de Desarrollo (PED), diagnósticos locales que expresan los principales problemas públicos asociados a las brechas de pobreza, incluso en aquellas entidades que recientemente han generado este instrumento.
Los PED, también incluyen objetivos y metas a alcanzar durante los periodos de gestión de cada Ejecutivo local; sin embargo, sólo los estados de Baja California, Guerrero, Morelos y Oaxaca han incluido en su PED el componente de planeación presupuestaria, lo que permite contar con una referencia de los recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos. En este sentido, también es importante resaltar el caso de Guanajuato, entidad que ha institucionalizado la planeación de mediano y largo plazos a través del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía (IPLANEG), el cual, también incorpora diversos mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo, que su Consejo es presidido por ciudadanos.
Sólo Nayarit, Sinaloa y Yucatán, no cuentan con una Ley Estatal de Desarrollo Social que regule la actuación de su gobierno estatal en la disminución de brechas de pobreza y garantizar los derechos sociales reconocidos por cada Constitución local.
En las treinta y dos entidades se identificaron regulaciones locales que establecen la obligación de incorporar la participación ciudadana en la construcción del Plan Estatal de Desarrollo.
Para veintiocho entidades federativas, fue posible identificar en los instrumentos de planeación macro para el desarrollo social, el diseño de procesos para la generación de cambios en el mediano plazo en la materia. Sólo para los casos de Nayarit, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala, no fue posible identificar de forma explícita dichos elementos en los instrumentos de planeación, sin embargo, a partir de los elementos presentes en éstos, es posible inferir el diseño de procesos para generar cambios en materia de desarrollo social en el mediano plazo.
Se pudo identificar en los PED de veintiocho entidades, qué bienes y servicios clave se planean producir para generar cambios en el mediano plazo en materia de desarrollo social. Únicamente Nayarit, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala no establecen dichos elementos en sus instrumentos rectores de planeación.
Sólo Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Sinaloa establecieron Reglas de Operación para un porcentaje superior al ochenta por ciento de los programas sociales locales que implementan.
Únicamente Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Veracruz y Yucatán, transparentaron en su Presupuesto de Egresos Estatal 2018, los recursos aprobados para más del 80% de los programas sociales locales. Mientras que, para la Ciudad de México, Chihuahua y Coahuila, el porcentaje de programas sociales estatales que aparecen en los presupuestos anuales oscila entre el 51% y 79% del total de programas implementados; para las restantes veinticuatro entidades, el porcentaje de programas expresados en el presupuesto estatal fue menor al 50%.
Con respecto a la definición de la población que se encuentra en el supuesto del problema público que cada programa social busca atender, se identificó que en veinticinco entidades se definió para más del 80% de sus programas sociales la población potencial que busca atender; no obstante, sólo en Jalisco y la Ciudad de México se cuantificó esta población para más del 80% de su oferta programática social.
Se identificó que todos los estados tienen una Estructura Programática Presupuestaria para el ejercicio fiscal 2018; sin embargo, sólo Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Veracruz y Yucatán, incorporan en la misma, más del 80% de sus programas sociales.
En lo relacionado a la publicación del presupuesto ejercido de los programas sociales estatales en la Cuenta Pública anual, sólo Guerrero, Guanajuato, Veracruz y Yucatán, hicieron pública dicha información para un porcentaje superior al 80% de sus programas sociales implementados en el ejercicio fiscal 2018.
Sólo en Morelos, Nayarit y Sonora, no existe una normativa que mandate la incorporación del enfoque de Presupuesto basado en Resultados (PbR) para la planeación y programación de los recursos públicos. No obstante, sólo en Jalisco hay evidencia de que se retoman los insumos derivados del monitoreo y la evaluación para justificar la aprobación presupuestaria en materia de política social.
Todas las entidades federativas transparentan la distribución de recursos federales para la implementación de acciones de desarrollo social en el orden municipal.