Para las treinta y dos entidades fue posible identificar dentro de sus Planes Estatales de Desarrollo (PED), diagnósticos locales que expresan los principales problemas públicos asociados a las brechas de pobreza, incluso en aquellas entidades que recientemente han generado este instrumento.

Los PED, también incluyen objetivos y metas a alcanzar durante los periodos de gestión de cada Ejecutivo local; sin embargo, sólo los estados de Baja California, Guerrero, Morelos y Oaxaca han incluido en su PED el componente de planeación presupuestaria, lo que permite contar con una referencia de los recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos. En este sentido, también es importante resaltar el caso de Guanajuato, entidad que ha institucionalizado la planeación de mediano y largo plazos a través del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía (IPLANEG), el cual, también incorpora diversos mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo, que su Consejo es presidido por ciudadanos.

Sólo Nayarit, Sinaloa y Yucatán, no cuentan con una Ley Estatal de Desarrollo Social que regule la actuación de su gobierno estatal en la disminución de brechas de pobreza y garantizar los derechos sociales reconocidos por cada Constitución local.

En las treinta y dos entidades se identificaron regulaciones locales que establecen la obligación de incorporar la participación ciudadana en la construcción del Plan Estatal de Desarrollo.

Para veintiocho entidades federativas, fue posible identificar en los instrumentos de planeación macro para el desarrollo social, el diseño de procesos para la generación de cambios en el mediano plazo en la materia. Sólo para los casos de Nayarit, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala, no fue posible identificar de forma explícita dichos elementos en los instrumentos de planeación, sin embargo, a partir de los elementos presentes en éstos, es posible inferir el diseño de procesos para generar cambios en materia de desarrollo social en el mediano plazo.

Se pudo identificar en los PED de veintiocho entidades, qué bienes y servicios clave se planean producir para generar cambios en el mediano plazo en materia de desarrollo social. Únicamente Nayarit, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala no establecen dichos elementos en sus instrumentos rectores de planeación.

Sólo Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Sinaloa establecieron Reglas de Operación para un porcentaje superior al ochenta por ciento de los programas sociales locales que implementan.

Únicamente Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Veracruz y Yucatán, transparentaron en su Presupuesto de Egresos Estatal 2018, los recursos aprobados para más del 80% de los programas sociales locales. Mientras que, para la Ciudad de México, Chihuahua y Coahuila, el porcentaje de programas sociales estatales que aparecen en los presupuestos anuales oscila entre el 51% y 79% del total de programas implementados; para las restantes veinticuatro entidades, el porcentaje de programas expresados en el presupuesto estatal fue menor al 50%.

Con respecto a la definición de la población que se encuentra en el supuesto del problema público que cada programa social busca atender, se identificó que en veinticinco entidades se definió para más del 80% de sus programas sociales la población potencial que busca atender; no obstante, sólo en Jalisco y la Ciudad de México se cuantificó esta población para más del 80% de su oferta programática social.

Se identificó que todos los estados tienen una Estructura Programática Presupuestaria para el ejercicio fiscal 2018; sin embargo, sólo Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Veracruz y Yucatán, incorporan en la misma, más del 80% de sus programas sociales.

En lo relacionado a la publicación del presupuesto ejercido de los programas sociales estatales en la Cuenta Pública anual, sólo Guerrero, Guanajuato, Veracruz y Yucatán, hicieron pública dicha información para un porcentaje superior al 80% de sus programas sociales implementados en el ejercicio fiscal 2018.

Sólo en Morelos, Nayarit y Sonora, no existe una normativa que mandate la incorporación del enfoque de Presupuesto basado en Resultados (PbR) para la planeación y programación de los recursos públicos. No obstante, sólo en Jalisco hay evidencia de que se retoman los insumos derivados del monitoreo y la evaluación para justificar la aprobación presupuestaria en materia de política social.

Todas las entidades federativas transparentan la distribución de recursos federales para la implementación de acciones de desarrollo social en el orden municipal.

En veintisiete entidades se identificaron alineados los objetivos y metas de sus Planes Sectoriales con los derechos sociales y dimensiones de la medición multidimensional de la pobreza. Para Yucatán y Querétaro, dicha alineación puede inferirse, aunque no se encuentra expresa en los instrumentos de planeación; mientras que para Tamaulipas, Nayarit y Tlaxcala no fue posible identificar ni inferir esta alineación.

Sólo en Veracruz no fue posible alinear más del 80% de sus programas sociales con la disminución de brechas de pobreza o garantizar el acceso a derechos sociales.

La Ciudad de México es la única entidad que ha realizado evaluaciones de diseño para el 96.88% de sus programas y acciones de desarrollo social; mientras que, Jalisco ha evaluado en estos términos al 58.13% de sus programas. Para las treinta entidades restantes, se identificaron evaluaciones para menos del 50% de su oferta programática social.

Guanajuato y Quintana Roo, son las únicas entidades que incorporan incentivos organizacionales que promueven la mejora del personal encargado de la implementación de los programas sociales.

En las treinta y dos entidades, se identificó en normativa vigente la existencia de un Sistema de Planeación Estatal en desarrollo social que identifica actores, atribuciones y mecanismos de funcionamiento para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política social estatal.

Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Nuevo León y Veracruz, no cuentan con un punto de acceso único que integre información de relevancia de los programas y acciones estatales de desarrollo social, que incluya la descripción de la oferta programática, sus Reglas de Operación, padrones, etcétera.

Únicamente en Guanajuato y Jalisco se identificó un análisis sobre las concurrencias y potenciales duplicidades entre sus programas sociales con los implementados por otros órdenes de gobierno.

Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz no cuentan con un sistema público de monitoreo de la política social, donde se publique información sobre el seguimiento de la implementación de sus programas sociales estatales.

Con relación a la población objetivo, veinticuatro entidades la definieron para más del 80% de su oferta programática social; sin embargo, sólo diez entidades (Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, y Zacatecas) la cuantifican en la misma proporción.

Diez entidades definen la población atendida para más del 80% de sus programas sociales, pero únicamente ocho estados (Aguascalientes, Ciudad de México, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí) la cuantifican en los mismos términos.

Las treinta y dos entidades cuentan con normativa vigente en materia de monitoreo y evaluación.

En veintinueve entidades fue posible identificar una agencia especializada encargada de la evaluación de la política social. Sin embargo, sólo para la Ciudad de México, Durango, Estado de México y Morelos se identificó que dichas agencias cuentan con autonomía técnica y de gestión frente al Ejecutivo Estatal. Se acota que para Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas no fue posible identificar una agencia especializada en la materia.

En lo que respecta a la provisión de información relacionada con los resultados de las metas de gestión de cada programa de desarrollo social local a través de indicadores, sólo en Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán se publica información de indicadores de gestión (actividades y componentes, de acuerdo con la metodología de la Matriz de Marco Lógico) para más del 80% de su oferta programática. En contra parte, en veintiún entidades se publican los resultados de sus indicadores de gestión para menos del 50% de los programas sociales implementados.

En relación con la publicación de indicadores relacionados con la consecución de objetivos de mediano y largo plazo de las políticas públicas de desarrollo social en los estados, sólo Yucatán y Veracruz publican para más del 80% de sus programas sociales los resultados de sus indicadores estratégicos. Mientras que veintinueve entidades publican dicha información para menos del 50% de su oferta programática implementada en el ejercicio fiscal 2018.

Sólo Aguascalientes, la Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí publicaron los padrones de beneficiarios para más del 80% de los programas sociales implementados por su Ejecutivo Estatal, mientras que Baja California, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán cuentan con registros de sus beneficiarios para menos del 50% de los programas implementados por dichas entidades.

Destaca que la Ciudad de México es la única entidad que realiza evaluaciones de procesos y de resultados para más del 80% de sus programas sociales estatales.

En lo que respecta a la existencia de mecanismos para dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (AMS) derivados de las evaluaciones de cada programa social local, se identificó la existencia de éstos, en diecinueve entidades federativas (Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tabasco, Yucatán, Zacatecas).

Al igual que el año pasado, para las treinta y dos entidades se identificó una institución de control externo al Ejecutivo Estatal, a través de la Fiscalización Superior, con funciones de auditoría de los programas y acciones estatales de desarrollo social. Asimismo, se ubicó una agencia de contraloría al interior del Ejecutivo Estatal, que realiza funciones de control y vigilancia a los programas y acciones locales de desarrollo social.

Para veintiséis entidades fue posible identificar evidencia de participación ciudadana en el proceso de construcción de los Planes Estatales de Desarrollo, sólo para los estados de Campeche, Ciudad de México, Durango, Sinaloa, Sonora y Zacatecas no fue posible identificar dicha evidencia.

Sólo para la Ciudad de México y Guanajuato, fue posible identificar evidencia de mecanismos que busquen recolectar y sistematizar la opinión de beneficiarios para más del 60% de los programas y acciones estatales de desarrollo social.

Únicamente Guanajuato, Jalisco, Durango, Michoacán, Tamaulipas y Yucatán publicaron en formato de datos abiertos, los resultados de los indicadores de gestión para más del 50% de sus programas y acciones sociales.

Chihuahua es la única entidad que publicó los resultados de sus indicadores estratégicos para más del 50% de su oferta programática. Las restantes entidades, si bien publican un número limitado de información sobre indicadores, lo hacen en formatos cerrados (pdf) lo cual dificulta el uso de los datos.

En lo que respecta a la publicación de los padrones de beneficiarios, se acota que sólo Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas publicaron dichos registros en formato de datos abiertos para más del 50% de su oferta programática social.

Destaca que sólo en Guanajuato, Jalisco y la Ciudad de México se identificó para más del 50% de sus programas sociales, información sobre los procesos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones.

Únicamente en Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán no hay normativa que regule los procesos de contraloría social en los programas y acciones sociales. Sin embargo, sólo en Guanajuato y Chihuahua se identificó evidencia sobre la realización de dichos mecanismos de participación ciudadana.

Por otra parte, a diferencia de mediciones previas, fue posible identificar que Guanajuato, Jalisco y Chihuahua ya difunden evidencia sobre los mecanismos de participación ciudadana que se han diseñado para el rediseño o actualización de los programas y acciones sociales.